Koldo García, exasesor y mano derecha del exministro socialista José Luis Ábalos, es uno de los 20 detenidos por el supuesto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante lo peor de la pandemia
La hemeroteca siempre vuelve y hoy las redes sociales recuerdan las palabras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dedicó a Koldo García, exasesor y mano derecha del exministro socialista José Luis Ábalos, uno de los 20 detenidos en una operación desplegada por el supuesto cobro de comisiones ilegales de adjudicaciones fraudulentas de mascarillas durante la pandemia.
«El último aizkolari socialista; un titán contra los desahucios. Pamplona nos descubrió a uno de los gigantes de la militancia en estas tierras navarras. No obstante, este guerrillero de grandes dimensiones físicas, y corazón comprometido, es un referente político en la lucha contra los efectos de la crisis y las políticas de la derecha», escribió Sánchez en 2014 en sus redes sociales.
«Ex escolta de Nicolás Redondo, sindicalista de la UGT y miembro de la Plataforma Stop Desahucios», sigue la publicación del presidente del Gobierno sobre Koldo, al que presentaba entonces como «este militante y edil, natural de Caserío». «Así es Koldo, un inagotable aizkolari contra las injusticias, un ejemplo para la militancia», señalaba por entonces Sánchez.
La Guardia Civil ha practicado unos 26 registros o requerimientos en esta operación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y dirigida por la Audiencia Nacional, que surge a raíz de una denuncia del Partido Popular de Madrid, y en la que también ha sido arrestado Víctor de Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol.
La Fiscalía Anticorrupción está investigando presuntos hechos delictivos asociados a delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho que podrían haberse cometido en la adjudicación de diferentes contratos de varias administraciones. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, está a cargo de la investigación.
Los investigadores han practicado actuaciones en diversas provincias de España. Los ministerios de Transportes y de Interior, además de las comunidades autónomas de Canarias y de Baleares, todo ello en manos entonces del PSOE, figuran entre las instituciones que firmaron contratos con la presunta trama, aunque la investigación continúa abierta y bajo secreto de sumario. El exministro Ábalos ha dicho hoy que se ha enterado de la noticia por los medios.
La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias de investigación sobre 12 contratos de adquisición de material sanitario por parte del Gobierno central que fueron denunciados por el PP madrileño después de que esta misma Fiscalía investigara el contrato de compra de mascarillas del que cobró el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asunto que fue finalmente archivado.
Son contratos de emergencia, según la denuncia de los populares, por importe de 326 millones de euros adjudicados por el Gobierno a siete empresas relacionadas con el entorno de varios ministros del Gobierno y unas ayudas concedidas a una empresa de los padres de Sánchez. El escrito de denuncia se presentó por presuntos delitos de «prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y malversación de caudales públicos».